La defensa de Eric Valencia Salazar, conocido como “El 85” y señalado como supuesto cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que intervenga en su caso para evitar su extradición a Estados Unidos.
El equipo legal de Valencia Salazar acudió a la SCJN acompañado por familiares del acusado, presentando una solicitud para que el máximo tribunal del país ejerza su facultad de atracción en el proceso, argumentando diversas irregularidades en su extradición.Valencia Salazar es requerido por la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia en Estados Unidos bajo cargos de tráfico de drogas, presuntamente cometidos entre 2003 y 2008.
Sin embargo, en un juicio de amparo tramitado en México, un juez federal le negó la protección constitucional, decisión que su defensa está apelando.
El abogado Marco Cortés Rodríguez, representante de Valencia, explicó que han identificado discrepancias significativas en el caso. Según Cortés, los detalles personales del acusado, como el nombre, la estatura y la fecha de nacimiento, no coinciden con los datos presentados en la solicitud de extradición por el gobierno estadounidense.
Además, argumentó que los cargos por los que se le acusa ya están prescritos, dado que Valencia Salazar ya fue juzgado y absuelto por delitos relacionados en el pasado.
La defensa también cuestionó la legitimidad de las pruebas presentadas por las autoridades de Estados Unidos, señalando que no se ha proporcionado evidencia suficiente, y que las pruebas disponibles provienen principalmente de la declaración de un testigo protegido que no ha sido corroborada con pruebas objetivas.
A pesar de la solicitud de atracción del caso, aún no es seguro que la SCJN intervenga, ya que primero un ministro debe apoyar la petición para que sea discutida en la Primera Sala, la cual decidirá si acepta o no revisar el expediente.
El abogado Cortés subrayó que el caso de Valencia Salazar es de interés público, ya que podría sentar un precedente importante sobre el proceso de extradición en México, y destacó la importancia de garantizar que no se extradite a personas sin pruebas suficientes o en casos donde se ha violado el debido proceso.
En 2012, un juez federal determinó que no había pruebas suficientes para condenar a Valencia Salazar por los cargos en su contra y que su debido proceso había sido violado. Aunque esta absolución no equivale a una declaratoria de inocencia, la defensa confía en que la Corte protegerá a su cliente de ser juzgado nuevamente por los mismos delitos.