La ley antimigrante «Laken Riley» está a punto de convertirse en el primer decreto de Donald Trump en su segundo mandato. La ley, que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes, busca deportar a migrantes indocumentados por delitos sin violencia, aunque no haya sentencia contra ellos.
La ley lleva el nombre de Laken Riley, una universitaria asesinada en un campus de Georgia en febrero de 2024 por un migrante venezolano. La ley requiere que las autoridades de migración detengan a los indocumentados acusados, sospechosos o detenidos en casos de robo y delitos relacionados, sin que se les haya comprobado su culpabilidad.
Además, la ley garantiza a los estados la posibilidad de demandar al gobierno federal por una «amplísima gama» de medidas relacionadas con la migración. Esto podría obstaculizar la capacidad del Ejecutivo de definir las políticas sobre este tema, según el National Immigration Law Center (NILC).
La ley ha generado controversia, con organizaciones como la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU) y la Coalición de Migración de Nueva York expresando su oposición. Argumentan que la ley permitirá la discriminación racial y creará un caos jurídico.
A pesar de la oposición, la ley tiene un futuro promisorio en el Senado, con 84 senadores, incluyendo 31 demócratas, que votaron a favor de avanzar el plan a debate. El senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona, ha expresado su apoyo a la ley, argumentando que es necesario darles a las fuerzas del orden los medios para tomar medidas cuando los migrantes ilegales violan la ley.
La aprobación de la ley podría ser vista como una victoria para los republicanos, quienes han logrado arrastrar a algunos demócratas a su postura sobre la migración. Sin embargo, también ha generado críticas por parte de organizaciones que defienden los derechos de los migrantes.