Los senadores aprobaron reformas constitucionales para sancionar las actividades relacionadas con vapeadores y con la producción de fentanilo ilícito. El 10 de diciembre, usuarios de vapeadores protestaron por la regulación que prohíbe su uso.
El Senado de la República aprobó sancionar toda actividad relacionada con vapeadores y fentanilo de uso ilícito, con 86 votos a favor y 39 en contra. La oposición acusó hipocresía y criticó que solo se busque dar un mensaje a Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos.
La reforma comprende modificar el artículo cuarto constitucional para “sancionar toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás dispositivos análogos que señale la ley. Así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas”. Además, el artículo quinto constitucional establece la prohibición de “la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquiera otra de las actividades” vinculada con vapeadores.
La oposición votó a favor en lo general y en contra en lo particular, pues acusó que se quieran prohibir libertades, como el consumo de vapeadores, aunque se manifestó a favor de combatir toda actividad vinculada al fentanilo, pero no dejándolo en la Constitución, pues solo se hace por mensaje político.
El panista Ricardo Anaya afirmó que la prohibición del fentanilo en la Constitución es una medida política para enviar un mensaje a Donald Trump. La también panista Susana Zataraín agregó que la prohibición de vapeadores es una medida arcaica que afecta la libertad de las personas.
Durante la discusión en lo particular, la priista Carolina Viggiano presentó una reserva para en lugar de prohibición dejar el artículo como regulación. Sin embargo, su reserva no fue aceptada.
La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) votó en contra en lo general y en lo particular. La senadora Amalia García recordó las épocas de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, así como las películas de Al Capone y Lucky Luciano.
El dictamen pasará a las legislaturas locales para lograr su constitucionalidad.