Ricardo Salinas Pliego, empresario y dueño de Grupo Salinas, enfrenta acusaciones de haber simulado la construcción de una instalación deportiva pública para evitar el pago de más de 70 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En lugar de desarrollar un Centro de Alto Rendimiento en Mazatlán para beneficio de 500 atletas locales, Salinas Pliego destinó estos recursos para construir tres canchas de entrenamiento privadas para el Mazatlán FC, equipo de fútbol de la Liga MX que él mismo posee, en un terreno propiedad del gobierno de Sinaloa.
Cinco empresas de Grupo Salinas —Afore Azteca, Arrendadora Internacional Azteca, Seguros Azteca Daños, Seguros Azteca, y Typhoon Offshore— aportaron diferentes montos bajo el programa de estímulos fiscales Efideporte, que permite utilizar fondos destinados al pago de impuestos para desarrollar infraestructura deportiva.
Sin embargo, en lugar de fomentar el deporte a nivel local o apoyar a atletas mexicanos, las empresas utilizaron estos fondos para su propio beneficio, en violación de la normatividad del programa.
Una simulación disfrazada de obra públicaLa Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está obligada a revocar de inmediato el estímulo fiscal otorgado y exigir que las empresas de Salinas Pliego cubran los montos adeudados al SAT.
Este caso subraya cómo los fondos públicos destinados a estimular el deporte de alto rendimiento han sido desviados para propósitos privados.
La controversia también resalta una manipulación en el cronograma de obras presentado para obtener la aprobación del proyecto.
Las transferencias bancarias y los plazos de construcción sugieren irregularidades que ponen en duda la transparencia de todo el proceso.Impacto en el deporte nacional y la necesidad de una mayor rendición de cuentas
Mientras que programas como Efideporte deberían servir para fomentar el deporte y apoyar a atletas de alto rendimiento, casos como este demuestran la necesidad urgente de una mayor supervisión y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.
Las autoridades fiscales tienen la tarea de asegurar que los fondos se utilicen de acuerdo con su propósito original y de sancionar a quienes desvíen estos recursos en beneficio propio.E
l caso de Salinas Pliego no solo representa una elusión fiscal significativa, sino también una traición a los principios de fomento del deporte y el desarrollo de infraestructura deportiva en México.